«La Guadalupe», empresa de transportes piurana, está siendo investigada por su presunta vinculación como fachada para el lavado de activos del narcotráfico
En octubre de 2013, la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, Florida, alertó a la Policía Nacional del Perú sobre las actividades ilícitas lideradas desde Ecuador por Juanito Becerra, alias «Juanjo». La red, conocida como “Los Extranjeros” y especializada en el tráfico ilícito de drogas, habría tejido sus operaciones financieras a través de múltiples personas y empresas. Entre los implicados estaría José Guerrero Huamán, compadre de «Juanjo», accionista y exrepresentante legal de la empresa «Servicio y Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.».
El pasado 30 de junio, una notificación de la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima encendió las alarmas en la Municipalidad de Piura. La fiscal adjunta, Angélica Ortiz, solicitó la entrega de toda la información relacionada con un inmueble en el distrito de Veintiséis de Octubre, propiedad de Rudy Parrilla, servidor municipal señalado como presunto integrante de una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, utilizando como fachada la empresa de transportes “Integración Sullana S.R.L.”.
Según la tesis fiscal, Parrilla habría constituido la empresa de transportes “Integración Sullana” con el propósito de legitimar el dinero proveniente del tráfico de drogas, convirtiéndolo en recursos aparentemente lícitos. Dentro de este entramado financiero, también se menciona la participación de los esposos José Guerrero Huamán y Aurelia Jara, quienes actualmente figuran como accionistas de La Guadalupe.
Actualmente, la empresa “Integración Sullana S.R.L.” no se encuentra activa. Foto: Consulta RUC-SUNAT
¿Está «La Guadalupe» vinculada al tráfico de drogas?
El 24 de abril de 2014, la “Empresa de Transportes Rosa de Guadalupe S.R.L.” se fusionó con las empresas “Nuevo Rayo S.A.” y “Transporte 28 de Agosto del Medio Piura S.R.L.” y pasó a llamarse “Servicio & Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.”, nombrando como gerente general a José Guerrero Huamán.
En el 2020, la Segunda Fiscalía Supraprovisional Especializada en Lavado de Activos formalizó la investigación a José Guerrero Huamán, exgerente general y accionista de «Servicio & Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.» por, presuntamente, convertir en una suma de casi cuatrocientos mil soles provenientes del Tráfico de drogas en dinero lícito, a través de las compras de los ómnibus urbanos de Placas P3P773, P2E670 y P3L926. Buses aun en circulación bajo el sello de La Guadalupe.
Las tres placas señaladas aún figuran en el registro de autobuses de “La Guadalupe”.
Pero los argumentos de la Fiscalía para la formalización de la investigación preparatoria no se limitaron solo a la compra de los buses. Aurelia Jara, esposa de Guerrero, habría lavado dinero sucio donando el 10.63% de las acciones de la propiedad de sus vehículos a La Guadalupe, con el fin de «evitar su identificación e incautación». El Ministerio Público imputó al matrimonio la incapacidad de justificar los ingresos superiores a veinticinco mil soles en su cuenta de ahorros mancomunada.
“Es una investigación en curso, no podemos decirles que no vamos a firmar contigo”, sostiene Augusto Saavedra, jefe de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad de Piura. “Sería un abuso de autoridad”, afirma.
Accionista de «La Guadalupe» relacionado al líder criminal de narcotráfico
La investigación fiscal sostiene que José Guerrero Huamán, además de ser «compadre» del líder criminal Juanito Becerra, habría desempeñado un papel clave en la colocación, intercalación y conversión de fondos ilícitos obtenidos por el tráfico de drogas, utilizando a “La Guadalupe”, “Integración Sullana” y “Edyficar S.A.” para encubrir la verdadera naturaleza de esos recursos.
Según la Fiscalía, «Juanjo» coordinaba las operaciones financieras de sus actividades delictivas desde Ecuador junto con Guerrero Huamán. Los reportes migratorios de Guerrero revelan viajes frecuentes a Ecuador entre 2011 y 2013, coincidiendo con el periodo en que «Los Extranjeros» formaban su red. Para el Ministerio Público, estos desplazamientos no eran simples visitas, sino misiones estratégicas para coordinar la obtención y transferencia de grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas.
Finalmente, el análisis pericial contable Nº 33-09-2018 determinó un desbalance patrimonial de Guerrero Huamán durante el período 2005 al 2015 por una suma de más de trescientos mil soles. El desajuste patrimonial de Guerrero, junto a las contradicciones en sus declaraciones, refuerzan la hipótesis fiscal en cuanto a su papel como presunto integrante en las múltiples operaciones de lavado de activos señaladas.
Ante El Clamor, Aurelia Jara, investigada en el caso, defendió a su esposo, Guerrero Huamán: “Solamente fue por una llamada que lo vinculan”. Rechaza que Guerrero sea compadre de Juanito Becerra.
Aurelia Jara también expresó estar dispuesta a acudir a los llamados de la Fiscalía cuando la notifiquen, ya que afirmó que después de la pandemia no ha recibido ninguna petición.
«Desde joven he trabajado, todo el dinero lo puedo justificar», se reafirma la también accionista de «La Guadalupe», quien niega las imputaciones de la investigación fiscal.
Socios investigados por la Fiscalía
En la actualidad, Rudy Parrilla, a quien la Fiscalía solicita información sobre su patrimonio inmobiliario, ostenta un cargo en la Municipalidad de Piura. Parrilla se desempeña como policía municipal en la Oficina de Transportes y Circulación Vial.
El 26 de mayo de 2022, el Poder Judicial incautó la propiedad de Rudy Parrilla, a través de la Resolución Nº 29-2SPAN. Curiosamente, el inmueble, ubicado en el AA.HH. San Sebastián, en el distrito Veintiséis de Octubre, coincide con el lugar registrado como sede de la investigada empresa “Integración Sullana”.
Foto: Lyncol Ipanaqué
«Tengo entendido que ya le devolvieron sus cosas», indicó Saavedra cuando El Clamor le cuestionó sobre la permanencia de su trabajador.
Integración Sullana S.R.L. fue constituida como empresa el 18 de agosto de 2014, con un capital social total de tres mil soles. Los tres accionistas principales que figuran son Rudy Parrilla, José Guerrero y Aurelia Jara. Los tres son investigados por integrar la misma presunta red de lavado de activos.
Rudy Parrilla se negó a dar declaraciones a El Clamor. «Es peligroso», aseguró.
Empresa investigada incluida para las nuevas rutas de Piura
El 24 de enero de este año, el pleno del consejo municipal de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre aprobó por unanimidad el nuevo plan de rutas, diseñado a partir de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Piura. El objetivo del nuevo plan es mejorar el tráfico vehicular de la región. Se contempla la renovación de 8 rutas existentes y la autorización de 13 nuevas rutas.
El pasado 06 de diciembre, la Municipalidad de Piura ordenó conformar la Comisión de Trato Directo con «La Guadalupe» a fin de subsanar las controversias suscitadas. La extensión del contrato de concesión implica la renovación de la ruta Nº U-09 (paradero de Inicio de Cruce Paita con Sullana y paradero filial Universidad Alas Peruanas – Castilla) para «La Guadalupe».
Mientras los accionistas continúan siendo investigados por el Ministerio Público, la Municipalidad de Piura le ordenó a la empresa subsanar la documentación presentada para proceder con el proceso de la extensión del contrato de concesión de ruta.
«Ellos han actualizado su junta directiva, nosotros hacemos el contrato con el representante de la persona jurídica, con el gerente», concluye Augusto Saavedra, jefe de Transportes.
Klever Espinoza, abogado societario, explicó que el desbalance patrimonial es clave para detectar lavado de activos. En el caso de «La Guadalupe», la fiscalía investiga al exgerente general por presuntamente convertir fondos ilícitos en dinero lícito mediante compras de vehículos. Si se confirma la culpabilidad, la empresa podría enfrentar la disolución y el cese definitivo. Además, las condenas por lavado de activos van de 8 a 20 años de prisión, según el código penal peruano.
