El Clamor conversó con los agricultores del caserío Miraflores, habitantes del lado invisible de las resquebrajadas defensas ribereñas piuranas, quienes no dudaron en impedir el paso a la maquinaria de la constructora debido a las promesas incumplidas del Gobierno Regional de Piura y de la empresa ejecutora PRONTE

David Ramos contempla el hundimiento de la maquinaria de PRONTE, que irónicamente removía la tierra del río Piura para los trabajos de reparación en el Tramo I. Foto: Lyncol Ipanaqué

“Se ha muerto por falta de agua, no se puede regar”, cuenta David Ramos mientras patea con resignación las numerosas hojas secas de sus extintas plantaciones de plátano. Ramos es ingeniero agrónomo de profesión, trabajaba de manera independiente, pero ahora ha regresado al lado de su padre, pues don Francisco, a sus ochenta años, no puede cargar solo la motobomba de más de cien kilos mientras desciende de las altas defensas de cemento que impiden la llegada del agua del río Piura a sus cultivos. “Que reconozcan el daño que nos han hecho”, exige don Francisco Ramos.

El 27 de agosto del 2022, el exgobernador de Piura, Servando García, inauguró la obra del bicentenario: “Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones, margen derecho e izquierdo del río Piura en el tramo de Los Ejidos al Puente Cáceres”. Ocho meses después, en abril del 2023, la margen derecha de la obra, que duraría cien años y que les costó a los peruanos más de 130 millones de soles, se rompió primero. Luego, se resquebrajó la margen izquierda. Hasta el momento, las defensas ribereñas no solo no aseguran protección alguna frente a un eventual incremento del caudal del río Piura, sino que también sus altos muros de cemento impiden que los agricultores de la margen derecha e izquierda rieguen sus cultivos de panllevar, ocasionándoles pérdidas que superan los quinientos mil soles.

Exgobernador Servando García recibe, de la mano del expresidente Martín Vizcarra, el cheque simbólico de los más de 130 millones de soles de la ARCC destinados a las defensas ribereñas.
Foto: Archivo ARCC

Los veinticuatro agricultores del caserío Miraflores, habitantes de la margen derecha de las defensas rotas, impiden el paso de la maquinaria de la constructora PRONTE, ejecutora de la multimillonaria defensa ribereña. No tienen pensado ceder. Sostienen que la afectación a sus cultivos se tuvo prevista antes de iniciar las obras, por lo que PRONTE, con el aval del Gobierno Regional de Piura, se comprometió a tomar medidas para no perjudicar la agricultura del caserío, pero no han cumplido.

Estas son las plantas de plátano que sobrevivieron a las defensas de cemento; las demás se secaron.
Foto: Ana Álvarez

Agricultores en crisis

“Desde la construcción de las defensas, tenemos pérdidas de más de medio millón de soles”, confiesa Santos Silva, dirigente de Miraflores.

Los agricultores no pueden regar sus cultivos. La inmensa construcción, de aproximadamente doce metros de altura, en la margen izquierda del Tramo I de las defensas ribereñas impide el cauce natural del agua del río Piura hacia las siembras de maíz, plátano, alfalfa, entre otras hortalizas, que hoy se secan.

Los metros de altura se sienten. El diseño de las defensas ribereñas es inclinado; un mal paso y los accidentes a los que se exponen los horticultores semanalmente pueden ser los últimos de sus vidas. Sin casco ni escaleras y sin ninguna otra medida, los agricultores bajan al río cargando una motobomba de cien kilos entre dos o tres personas. Una vez instalada, nuevamente suben y bajan la peligrosa pendiente hasta conectar las largas y pesadas mangueras que regarán sus sembríos.

El Clamor captó una de las motobombas de más de cien kilos junto a una manguera de cien metros que los agricultores bajan por las altas defensas solo para regar sus cultivos. Foto: Ana Álvarez

Feliciano Poicón, agricultor del caserío Miraflores, se siente burlado. “Como era una obra de bien social, dijimos: “que se construya”. Pero fue mediante engaños”. 

El sexagenario horticultor rememora que durante los primeros días de la construcción de las defensas de cemento, los movimientos de tierra, sumados a las maquinarias pesadas, levantaban una polvareda de toxicidades que cubrió, contaminó y acabó con sus cultivos. Nadie se responsabilizó. Pero lo que más le indigna a don Poicón es la permanente indiferencia de las autoridades frente a las pérdidas de sus plantas. Ahora, el agricultor tiene que bajar, con una soga y sin protección, los más de doce metros de altura de la defensa para no dejar que mueran sus cosechas.

Hasta el momento, se han reportado dos accidentes menores durante el trajín del improvisado sistema de riego de los campesinos. Los agropecuarios de Miraflores temen que se repitan o empeoren.

La empresa privada engaña a los agricultores

“Esas tierras no valen nada”, aseguró el gerente de operaciones de PRONTE, Carlos Tafur, ante El Clamor.

A pesar de que los múltiples peritajes, solicitados por la anterior gestión del Gobierno Regional piurano, tasan cada terreno expropiado de la margen izquierda en más de ciento cincuenta mil soles y calculan una pérdida de más de cincuenta mil soles en lucro cesante. Para Tafur, las tierras de los horticultores de Miraflores solo valen lo que se puede hacer sobre su tierra.

En 2021, los veinticuatro agricultores de Miraflores tasaron sus tierras por solicitud del Gobierno Regional. La actual gestión no reconoce el peritaje hecho por el Ing. Manuel Zamudio.

“Tienen algunos sembríos menores, solo cultivan para el panllevar”, minimiza el representante de PRONTE. Además, para Tafur, las tierras que reclaman los agricultores de Miraflores están dentro de la Faja Marginal que delimita el alcance de las eventuales inundaciones por el desborde del río Piura.

Según la normativa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), todo predio que se ubique dentro de la Faja Marginal es considerado propiedad pública por ser zona inundable. Con esta premisa, los agricultores miraflorinos no serían los dueños de sus cultivos.

Pero la realidad es más increíble que la ficción. El Clamor descubrió que la Faja Marginal no estaba delimitada físicamente. Recién el pasado 29 de octubre, la ANA llegó a colocar hitos que marcaban la frontera entre las zonas inundables y no inundables en medio de las denuncias de los dirigentes del caserío Miraflores.

Lo que sí está delimitada son las propiedades de los veinticuatro agropecuarios del caserío de Miraflores. Algunos están en Registros Públicos desde hace más de 20 años.

Representante de la Autoridad Nacional del Agua, interrogada por un agricultor miraflorino que registró la colocación de los hitos de la Faja Marginal.

Julio Castillo, abogado de los agricultores de la margen izquierda y derecha, sostiene que la única razón por la cual la ANA se está apresurando en delimitar las fronteras para las inundaciones es por el problema de los cultivos que reclaman sus representados. “Lo que pretenden decir ahora es: su propiedad privada está sobre una zona inundable, por lo que no pueden levantar ni siquiera una pequeña casa”, denuncia Castillo.

Tafur reafirmó que a PRONTE no le corresponde asumir nada legalmente. Pues si ellos ofrecieron “algo en su momento” fue por responsabilidad social de la empresa, más no porque el expediente técnico lo ordenó. Además, el gerente de operaciones de la ejecutora le confesó a El Clamor que en 2021 les regalaron unas escaleras de madera a los horticultores.

“Qué habrán hecho con ellas”, cuestionó el ingeniero.

Estas son las 15 escaleras de madera y soga que entregó PRONTE a los agricultores. Hoy en día, estas escaleras, no existen. Foto: Actas de PRONTE

El pasado 1 de septiembre, y como figura en las últimas actas de Asistencia Técnica entre la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y los agricultores de las márgenes izquierda y derecha, PRONTE afirma que existe un monto de cerca de dos millones de soles por conceptos de Saneamiento Físico-Legal en el expediente técnico.

El Clamor se comunicó con el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jorge Cabellos, quien asumió el compromiso de dialogar y conciliar con los agricultores porque “no pueden quitarle a esa población su medio de vida”. Sin embargo, Cabellos desconoció las actas de compromiso firmadas entre PRONTE, los agricultores y la gestión anterior. “Recién tomo conocimiento de la existencia de esas actas”, confesó.

Tanto las actas como los pedidos de los horticultores de Miraflores llevan en las oficinas del gobierno regional más de tres años.

En las últimas reuniones de los agricultores con la ARCC se mencionaron los casi dos millones de soles que figuran en el expediente técnico.

El Clamor se comunicó con el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jorge Cabellos, quien asumió el compromiso de dialogar y conciliar con los agricultores porque “no pueden quitarle a esa población su medio de vida”. Sin embargo, Cabellos desconoció las actas de compromiso firmadas entre PRONTE, los agricultores y la gestión anterior. “Recién tomo conocimiento de la existencia de esas actas”, confesó.

Tanto las actas como los pedidos de los horticultores de Miraflores llevan en las oficinas del Gobierno Regional más de tres años.

Las actas de compromisos

Desde el día 17 de julio de 2020, día del primer encuentro con los representantes de PRONTE, los agricultores de Miraflores registran las promesas de la empresa ejecutora y el Gobierno Regional de Piura en actas de compromiso. Tan solo en la segunda acta, figuran las firmas de los ingenieros Felipe Soto, residente de obra y representante del Consorcio “Los Ejidos”, consorcio al que pertenece PRONTE; de Gilmar Troncos y Percy Arrieta, representantes del gobierno regional, además de Víctor Calderón, ingeniero supervisor de la obra.

En aquella reunión, los representantes firman el acuerdo explícito de “un canal a tajo abierto para regar las parcelas, que será construido por la empresa PRONTE” y “las gestiones de riego permanente por el gobierno regional”. Las firmas son visibles, la ejecución de los compromisos no.

El Clamor también accedió a la octava acta: Propuesta de Alcantarillado donde el ing. de PRONTE, Felipe Soto, compromete a su empresa a construir “un pozo para que los agricultores puedan colocar una bomba”. Al día de hoy, tres años después, aquel pozo tampoco existe.

Actas de compromiso de 2020 y 2021 con las firmas de los representantes de PRONTE y el GORE. Desde entonces, los agricultores reportaban problemas con la construcción.
Foto: Actas de compromiso registradas por los agricultores

¿Para cuándo la re-reconstrucción de las defensa ribereñas de Piura?

«¡Para ayer!», reclama Rosario Chumacero, decana de la Facultad de Ingeniería de la UNP, al analizar los lentos reparos de las defensas ribereñas.

PRONTE afirma ante la opinión pública que la re-reconstrucción de las defensas ribereñas está en camino, pero los agricultores se niegan a dejarlos entrar por el caserío Miraflores. La empresa ejecutora ingresa su maquinaria por otros lados para apresurar las reparaciones del hundimiento de las losas de las defensas del Tramo I, pero continúa sin cumplir los compromisos con los agricultores.

En sus últimas visitas a las defensas ribereñas, la decana de Ingeniería de la Universidad Nacional de Piura, Rosario Chumacero, advierte que el gobierno regional necesita presionar con urgencia los trabajos de reconstrucción. Las aberturas de las defensas son de considerable tamaño. La falta de compactación somete a la construcción de PRONTE a un alto riesgo de colapso. Según la decana, las grietas del tablestacado ocasionarán una filtración de agua que lavará el material interno de las construcciones, generando nuevos colapsos en la estructura.

Las consecuencias para Piura y Castilla pueden ser terribles si llegan las lluvias. Las costosas defensas no están preparadas para recibir lluvias de gran intensidad, peor aún si continúan rotas.

Comisión de la Facultad de Ingeniería inspecciona los tramos rotos. Chumacero exige una pronta reacción de las autoridades ante la vulnerabilidad de Piura frente al inminente Fenómeno del Niño.
Foto: Archivo de la Facultad de Ingeniería

Al cierre de esta edición, los agricultores de ambos márgenes esperan una reunión con Jorge Cabellos, gerente general de la nueva gestión del GORE, para el próximo lunes 11 de noviembre. Acudirán con la esperanza de lograr justos acuerdos; de lo contrario, el impedimento de acceso a PRONTE será frontal. Además, tomarán las acciones legales correspondientes.

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