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La ruta del lavado: «La Guadalupe» es investigada por el Ministerio Público

“La Guadalupe”, empresa de transportes piurana, es investigada por ser una presunta fachada del lavado de activos del narcotráfico

En octubre de 2013, la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, Florida, informó a la Policía Nacional del Perú sobre actividades ílicitas lideradas desde Ecuador por Juanito Becerra, alias «Juanjo». “Los extranjeros”, especializados en el tráfico ilícito de drogas, tejían sus operaciones financieras a través de una red que involucraría a diversas personas y empresas, entre ellas, José Guerrero Huamán, compadre de Juanjo, accionista y exrepresentante legal de la empresa «Servicio y Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.«

La Guadalupe es una de las empresas de transporte público más conocidas en Piura.
 Foto: Lyncol Ipanaqué

El pasado 30 de junio esta Notificación fiscal advirtió a la Municipalidad de Piura
Foto: Notificación 5861-2023

El pasado 30 de junio, una notificación de la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima encendió las alarmas de la Municipalidad de Piura. La fiscal adjunta, Angélica Ortiz solicitó la entrega de toda información relacionada a un inmueble octubrino propiedad del Rudy Parrilla, servidor municipal, señalado como presunto miembro de una organización criminal encargada de lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de la empresa de transportes “Integración Sullana S.R.L.”

Al día de hoy “Integración Sullana S.R.L.” no funciona
Foto: SUNAT

Según la tesis fiscal, Parrilla constituyó la empresa de transportes “Integración Sullana” con la finalidad de convertir dinero del tráfico de drogas en dinero lícito. En este entramado financiero también se señala la particular participación de los esposos José Guerrero Huamán y Aurelia Jara, actuales accionistas de La Guadalupe.

«La Guadalupe»

El 24 de abril del 2014, la “Empresa de Transportes Rosa de Guadalupe S.R.L.”se fusionó con las empresas “Nuevo Rayo S.A.” y “Transporte 28 de agosto del Medio Piura S.R.L.” y pasó a llamarse “Servicio & Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.», nombrando como gerente general a José Guerrero Huamán.

 

Este año el Ministerio Público de Lima ordenó un Impulso de la Investigación Preparatoria.
Foto: Fiscalía de Lavado de Activos

En el 2020, la Segunda Fiscalía Supraprovisional Especializada en Lavado de Activos formalizó la investigación a José Guerrero Huamán, exgerente general y accionista de «Servicio & Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.» por, presuntamente, convertir en dinero lícito una suma de casi cuatroscientos mil soles provinientes del Tráfico de drogas, a través de las compras de los ómnibuses urbanos de Placas P3P773, P2E670 y P3L926. Buses aun en circulación bajo el sello de La Guadalupe.

Las tres placas señaladas aún figuran en la relación de autobuses de La Guadalupe
Foto: Fiscalía de Lavado de Activos

Pero los argumentos de la Fiscalía para la formalización de la investigación preparatoria no solo fue la compra de los buses. Aurelia Jara, esposa de Guerrero, habría “lavado” el dinero sucio donando del 10.63% de acciones de los vehículos a La Guadalupe. Esto con el fin de “evitar su identificación e incautación”.

Incluso, el Ministerio Público imputó al matrimonio de no poder justificar los ingresos de más de veinticinco mil soles en su Cuenta de Ahorros mancomunada.

Augusto Saavedra es el actual jefe de la Oficina de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad de Piura
Foto: Lyncol Ipanaqué

“Es una investigación en curso, no podemos decirles no vamos a firmar contigo”, sostiene Augusto Saavedra, jefe de la Oficina de Transporte y Circulación vial de la Municipalidad de Piura, “sería un abuso de autoridad”, afirma.

Saavedra afirma que a su oficina no ha llegado ninguna notificación sobre la investigación en curso.

Por su parte Aurelia Jara, defendió a su esposo Guerrero Huamán, ante El Clamor, “solamente fue por una llamada que lo vinculan”.

Aurelia Jara recibió a El Clamor y negó todas las imputaciones hechas por fiscalía.
Foto: Lyncol Ipanaqué

El compadre

La investigación fiscal también sostiene que José Guerrero, además de ser “compadre” del líder Juanito Becerra, habría desempeñado un papel clave en la colocación, intercalación y conversión de fondos ilícitos obtenidos a través del tráfico de drogas, utilizando a La Guadalupe, Integración Sullana y Edyficar S.A. para encubrir la verdadera naturaleza de estos recursos.

Para la fiscalía José Guerrero Huaman mantuvo una cercana relación a alias “Juanjo”.
Foto: Facebook

Según la Fiscalía, «Juanjo» coordinaba activamente con Guerrero, desde Ecuador, las operaciones financieras de sus actividades delictivas. Los reportes migratorios de Guerrero Huamán revelan viajes frecuentes a Ecuador entre 2011 y 2013, coincidiendo con la época en que «Los Extranjeros» construían su red.

Para el Ministerio Público estos desplazamientos no eran simples visitas, sino una suerte de misiones estratégicas para coordinar la obtención y transferencia de grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas.

Finalmente, el análisis pericial contable Nº 33-09-2018 determinó un desbalance patrimonial de Guerrero Huaman durante el período 2005 al 2015 por una suma de más de trescientos mil soles. El desajuste patrimonial de Guerrero, junto a las contradicciones en sus declaraciones, pareciera refozar la hipótesis fiscal en cuanto a su papel como presunto integrante en las múltiples operaciones de lavado de activos señaladas.

La Pericia Contable determinó la existencia de un desbalance patrimonial.
Foto: Fiscalía de Lavado de Activos

El Clamor intentó comunicarse con el matrimonio Guerrero – Jara. La única persona que respondió fue la esposa, Aurelia Jara, quién afirma desconocer la relación de compadrazgo de su esposo con alias “Juanjo”.

Augusto Saavedra, jefe de transportes, desconoció la existencia de la investigación contra Guerrero Huaman, accionista de La Guadalupe.

Aurelia Jara desconoció la relación de compadrazgo entre su esposo, Guerrero Huamán, y Juanjo Becerra. Además afirmó que está dispuesta a acudir a los llamados de la Fiscalía cuando la notifiquen, pues sostiene que después de la pandemia no ha recibido ninguna petición. “Desde joven he trabajado, todo el dinero, lo puedo justificar”, se reafirma la también accionista de La Guadalupe, quien niega las imputaciones de la investigación fiscal.

Los socios

En la actualidad Rudy Parrilla, investigado por la fiscalía, ostenta un cargo en la Municipalidad de Piura. Parrilla se desempeña como Policía Municipal en la Oficina de Transportes y Circulación vial.

La casa octubrina incautada en el 2022 coincide con la dirección de Integración Sullana.
Foto: Lyncol Ipanaqué

El pasado 26 de mayo del 2022, el Ministerio Público incautó la propiedad de Rudy Parrilla, a través de la Resolución N* 29- 2SPAN. Curiosamente, el inmueble, ubicado en el AA.HH. San Sebastián en el distrito Veintiséis de Octubre coincide con el lugar registrado como sede de la investigada empresa “Integración Sullana”.“Tengo entendido que ya le devolvieron sus cosas”, indicó Saavedra cuando El Clamor le cuestionó la permanencia de su trabajador.

Integración Sullana S.R.L. fue constituida como empresa el 18 de agosto del 2014 con un capital social total de solo tres mil soles. Los tres accionistas principales figuran Rudy Parrilla, José Guerrero y su esposa Aurelia Jara. Los tres son investigados por integrar la misma presunta red de lavado de activos.

Ante El Clamor, Saavedra defendió la permanencia de su cuestionado subordinado aduciendo que “no pueden sancionar a ningún trabajador cuando no hay ninguna sentencia condenatoria”.

Rudy Parrilla se negó a darle declaraciones a El Clamor. “Es peligroso”, aseguró.

Nuevas rutas

La empresa Guadalupe está a la espera de la extensión de su nuevo contrato.
Foto: Lyncol Ipanaqué

El 24 de enero de este año, pleno del consejo municipal de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre aprobaron por unanimidad el nuevo plan de rutas, diseñado a partir de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Piura. El objetivo del nuevo plan es mejorar el tráfico vehicular de la región. Se contemplan la renovación de 8 rutas existentes y la autorización de 13 nuevas rutas.

Actualmente la Municipalidad de Piura y la empresa Guadalupe sostienen conversaciones para la extensión de su contrato de concesión de ruta
Foto: Municipalidad de Piura

El pasado 06 de diciembre la Municipalidad de Piura ordenó conformar la Comisión de Trato Directo con La Guadalupe a fin de “subsanar las controversias suscitadas”.

La extensión del contrato de concesión implica la renovación de la ruta Nº U-09 (paradero de Inicio de Cruce Paita con Sullana y paradero filial Univesidad Alas peruanas -Castilla) para La Guadalupe.

Mientras los accionistas continúan siendo investigados por el Ministerio Público, la Municipalidad de Piura le ordenó a La Guadalupe subsanar la documentación presentada para proceder con el proceso de la extensión del contrato de concesión de ruta.

Para Agusto Saavedra, jefe de la Oficina de Transporte y Circulación vial de la Municipalidad de Piura, las investigaciones solo le corresponden a la Fiscalía. “Ellos han actualizado su junta directiva, nosotros hacemos el contrato con el representante de la persona jurídica, con el gerente”.

Habla el especialista

Klever Espinoza es abogado societario y tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Foto: ZOOM

Klever Espinoza, abogado Societario y Tributarista, explicó en El Clamor que el desbalance patrimonial es un indicador de actividades ilícitas, siendo clave en la detección de posibles casos de lavado de activos.

Asimismo, el abogado resalta la importancia de la responsabilidad de las sociedades empresariales para verificar el origen de los fondos invertidos por los socios, con especial énfasis en el rol del gerente general.

En el caso específico de «La Guadalupe», la imputación fiscal apunta al exgerente general por presuntamente convertir fondos del narcotráfico en dinero lícito mediante compras de vehículos.

Las posibles consecuencias legales para la empresa van desde la disolución de sociedades y el cese, solo si las investigaciones concluyen culpabilidad por lavado de activos.

Finalmente, Espinoza señaló que quiénes se involucren en actividades de lavado de activos enfrentarán un proceso legal que podría resultar en condenas de 8 a 20 años de prisión.


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Sebastian Valladolid

Reportero

sebastianvalladolid@elclamor.com
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