El Proyecto promovido por la minera de Roque Benavides y el Ministerio de Energía y Minas genera conflictos en la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, Tambogrande, Piura
El pasado 5 de diciembre, un grupo de ronderos de Locuto, en el distrito de Tambogrande, Piura, expulsó a dos funcionarios de ProInversión quienes llegaron a la zona para presentar información del proyecto minero «El Algarrobo». Según los pobladores del valle de San Lorenzo, la reunión fue convocada con hermetismos, lo que provocó la incomodidad de los ronderos.
El valle de San Lorenzo, ubicado en el distrito de Tambogrande, en la región Piura, es considerado un ecosistema único en el Perú por su bosque tropical seco, donde la mayoría de las familias dependen de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, hace más de 20 años se inició el primer conflicto con la llegada de una empresa minera a la zona. Hoy, las intenciones mineras sobre el valle de San Lorenzo han regresado, reavivando el debate entre apostar por la actividad extractiva o preservar la agricultura de la región.
En septiembre de este año, ProInversión y el Ministerio de Energía y Minas convocaron a Expresiones de Interés para el proyecto denominado «Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras Integrantes del Yacimiento TG-3 El Algarrobo». Proyecto valorizado en 2,753 millones de dólares americanos.
Las empresas tienen un plazo de 90 días para mostrar su interés en dicho proyecto que se desarrolla en Locuto, Tambogrande. El límite se cumple el 27 de diciembre, dentro de 19 días. En caso de no manifestar interés en el proyecto, se adjudicará a favor de Minas Buenaventura, primera empresa en mostrar su Interés de inversión.
Ecosistema piurano en riesgo desde hace 45 años
En 1979, la minera francesa Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) realizó estudios en los suelos de San Lorenzo. Este valle, clave para el comercio de mango y limón, enfrenta riesgos por el proyecto minero inicialmente gestionado por la canadiense Manhattan Minerals, cuando la francesa le cedió la concesión y que desató un conflicto que hirió a 50 personas, entre agricultores y policías en 2001. Actualmente, el Proyecto es impulsado por Minas Buenaventura para explotar plata, cobre y zinc.
Durante un conversatorio organizado por CooperAcción, Marlene Castillo, ingeniera agrónoma e investigadora advirtió sobre los daños irreversibles que podría ocasionar la minería en la región. Según Castillo, la extracción de minerales con profundidades superiores a los 60 metros podría fracturar la napa freática, una capa de agua subterránea esencial para la recarga hídrica del bosque seco.
“La napa freática se recarga con cada fenómeno lluvioso y es la raíz de todo el ecosistema del bosque seco de algarrobo. Si se fractura, no solo se perderá esta fuente de agua, sino que también se corre el riesgo de generar aguas ácidas, las cuales pueden liberar metales tóxicos y dispersarse a través de las corrientes de agua, afectando todo a su paso”, explicó Castillo.
Agricultores temen el impacto de las actividades mineras
Luis Enrique Riofrío, dirigente de Tambogrande, también manifestó su preocupación por el proyecto, destacando la importancia económica del valle de San Lorenzo. “San Lorenzo es el primer productor de mango a nivel nacional y el segundo en limón. Aquí operan 16 comisiones de regantes y 10 municipalidades de centros poblados. Una actividad minera sería nefasta para nuestra agricultura y nuestra forma de vida”, señaló tajantemente.
Riofrío criticó la rapidez con la que se emitió la resolución para convocar las Expresiones de Interés del proyecto minero. El dirigente cuestionó y comparó la demora en la aprobación de expedientes para proyectos como la represa Vilcazán y otros relacionados con servicios básicos.
“El sector minero ha ingresado con apoyo de ProInversión y sus mañoserías. Quieren hacernos creer que no tenemos agua, cuando en realidad el Gobierno no quiere invertir para solucionar el problema”, denunció.
Finalmente, señaló que el impacto de la minería en la región no es insignificante. El 42% del territorio del distrito de Tambogrande está concesionado a diversas empresas mineras, entre las cuales Buenaventura destaca como una de las principales.
Niegan perjuicios ambientales
Respecto a la alteración de la napa freática, José Rogger Incio, director de Proyecto de El Algarrobo y exministro de Producción, aseguró que el movimiento del agua subterránea se produce desde zonas con mayor altitud hacía de menor cota. En el caso de El Algarrobo, se da de norte a sur. Es decir, desde San Lorenzo hacia Medio y Bajo Piura generando el flujo subterráneo en esa dirección. En ese sentido, consideró que el flujo de la recarga de los acuíferos que alimenten el Bosque Seco no se verá afectado.
El funcionario explicó que la explotación minera no solo proveerá agua del subsuelo, sino que permitirá una convivencia con las actividades agrícolas y ganaderas, sin generar contaminación por aguas ácidas.
Piura enfrenta una de las mayores crisis hídricas de los últimos años. Mientras los agricultores esperan medidas de emergencia para proteger sus cultivos, el gobierno central parece enfocar su atención en proyectos mineros sin licencia social, bajo el silencio de las autoridades locales de la región.
